En una semana marcada por el desembarco de Sergio Massa en el Ejecutivo como eventual Primer Ministro, una parte del gobierno atenderá nuevamente una agenda paralela: la reforma urgente de la Justicia y la ampliación Corte Suprema.
Acusada por el fiscal federal Diego Luciani de ser la cabeza de una asociación ilícita en la causa conocida como Obra Pública, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue defendida a coro por un centenar de funcionarios del Frente de todos que denuncian el lawfare y la proscripción de la líder del espacio, como sucedió en Brasil con Lula da Silva en 2018.
“Contra el lawfare y la persecución a Cristina Fernández de Kirchner”, escribió Axel Kicillof en su cuenta de Twitter. “Los jueces, fiscales, políticos y periodistas empleados del poder económico siguen persiguiendo a Cristina, mientras Cristina sigue defendiendo al pueblo”, sumó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, destacó su “total apoyo” a la vicepresidenta y expresó en Twitter: “Esta escandalosa persecución a la principal líder política de nuestro país es inadmisible. En democracia debe prevalecer la verdad y la justicia”.
“El partido judicial que garantiza impunidad a Macri y protege los privilegios de unos pocos, persigue e intenta proscribir a la presidenta coraje que desafía al poder real para cuidar al pueblo argentino”, escribió en Twitter la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
“La persiguen por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir”, coincidió el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora, Andrés Larroque.
La idea de la proscripción de Cristina Kirchner para las elecciones de 2023, para las que aun no es candidata, se había enunciado ya hace dos semanas atrás, cuando una decena de legisladores del Frente de Todos salió a apurar el proyecto que llevaría la Corte Suprema a 25 miembros, con la elección un ministro del máximo tribunal por provincia.
La razón nunca se maquilló: Cristina Kirchner podría ir presa por la causa que sigue sus vínculos con Lázaro Báez. La líder del Frente de Todos había asegurado que existe en su contra, un "prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos" que integran hoy el tribunal supremo.
El exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, el ministro de Justicia, Martín Soria, y la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, entre otros, son quienes explican por distintos medios el lawfare y denuncian el deseo del “partido judicial” de proscribir a CFK.
“Es una causa totalmente armada”, marcó Soria hoy en C5N, que dedicó al tema buena parte de su tarde. El ministro destacó que la población en un 65% descree de las decisiones de la Justicia, y defendió las obras en Santa Cruz hoy cuestionadas, por ser una “provincia postergada”.
Cristina Kirchner, en tanto, se hace eco de la defensa que de ella hizo el periodista Víctor Hugo Morales, quien había comparado su caso con el de Lula da Silva en Brasil: su encarcelamiento permitió la victoria de Jair Bolsonaro. Con ese razonamiento, una proscripción de la vicepresidenta facilitaría una victoria de Juntos.
Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, fue preso en abril de 2018 tras haber sido condenado a ocho años y diez meses por un tribunal de segunda instancia por un caso de corrupción. El responsable era el juez Sergio Moro, luego ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, un trazado inapelable del lawfare según el Partido de los Trabajadores (PT), argumento que repite el Frente de Todos para señalar el avance de la “justicia macrista” sobre Cristina Kirchner.
Lula estuvo preso durante 580 días, pero fue liberado en noviembre de 2019 luego de que la Corte Suprema fallara en contra de la detención tras una condena en segunda instancia. Y el juez de la Corte Suprema, Edson Fachin, fue su puerta de salida. Fachin, ex abogado de movimientos sociales de izquierda como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MTST), fue nombrado para ese cargo por Dilma Rousseff.
Declarado simpatizante del PT, había hecho campaña en 2010 para la entonces candidata a presidenta, y fue propuesto en 2015 para presidir el tribunal en reemplazo de Joaquim Barbosa, el carismático juez que ganó popularidad por encarcelar justamente a parte de la cúpula del PT.
Su fallo en favor de Lula le permite al ex presidente ser ahora el favorito en las encuestas de cara a las elecciones brasileras del 2 de octubre, en las que se haría según las encuestas con algo más del 40% de los votos, imponiéndose sobre Jair Bolsonaro, quien es ahora el que teme ir preso como revés de la oscilante corporación judicial.
Un ciclo de revalidación de Lula que el kirchnerismo y la vicepresidenta festejan, sobre el cual hasta podrían edificar un relato local para las elecciones de 2023 en caso de un triunfo del PT en dos meses, pero que bajo ningún concepto Cristina Kirchner busca protagonizar, convirtiéndose como Lula en mártir de la causa popular.
“Cristina sale a victimizarse por adelantado, porque nunca consentiría en ser mártir después como Lula”, explican desde un sector del propio gobierno. Desde el kirchnerismo concluyen: “el plan mártir no existe. No solo nos deja sin nuestra mejor candidata. La foto de Cristina con el traje a rayas es inapelable”.
"Con Cristina no se jode", fue la advertencia del Conurbano bonaerense a la Corte Suprema, que se leyó en pintadas callejeras en Malvinas Argentinas, La Matanza y Ensenada, entre otros municipios. El remate que marca la cancha.
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